Las elecciones municipales están próximas y el debate sobre el urbanismo está de actualidad, la idea central y machaconamente repetida por los medios de comunicación: “Todos los partidos cuentan con evidencias o sospechas de corrupción municipal”.
Esta afirmación es del todo probable, pero no en forma y lugar. Principalmente los casos más alarmantes de corrupción se dan en los extrarradios de las grandes ciudades o también denominadas áreas metropolitanas. En ellos, en la municipalidad es donde el constructor o promotor campa a sus anchas y obtiene mayor facilidad de intervenir en decisiones de carácter político local. Quedando supeditado los presupuestos anuales a la espera de la firma del respectivo y habitual convenio urbanístico, modalidad de financiación aceptada por muchos y más extendida de recurso, la cual eleva los ingresos de las arcas de la administración local. Además, se obtiene suculentas plusvalías por los cambios en el uso del suelo, sí está previsto en el PGOU que se edifique en una parcela; unifamiliar aislada (popularmente conocido como chalé), se permite que se construya un bloque de viviendas de 3 plantas. Si existe una densidad de 5 viviendas por hectárea, se incrementa a 20 viv. O si estaba previsto que fueran viviendas de VPO, se tramita la respectiva modificación en Comisión de Urbanismo para la oportuna recalificación del terreno.
Esta institución, el Ayuntamiento, es fuente generadora y segura de empleo estable en el territorio donde se asenta y ubique el ente público. Y es que ser funcionario en el ámbito público no es comparable a la actividad privada, aunque si compatible. Ya que alcalde, concejal, técnico o administrativo puede compaginar su labor pública con el desarrollo de otro trabajo.
Un Ayuntamiento nunca será sometido a quiebra, ni liquidación, ni se la abrirá expediente de regulación de empleo a la totalidad de sus empleados. Por muchas deudas que tenga contraída con la Seguridad Social o terceros. Como mucho, interviene una gestora (Ej. Marbella) y vuelve a renegociar lo pactado anteriormente.
¿A dónde van entonces esos capitales que provienen de la especulación del suelo? a sostener; el cada vez mayor entramado burocrático y el de los escasos servicios que aún no han sido privatizados o están próximo a hacerlo, tales como; servicios operativos (albañiles, pintores, fontaneros, etc) y cuerpos de seguridad (policías, bomberos, protección civil, etc).
Por otra parte, los capitales del mercado de la vivienda tienen un recorrido común, están conducidos por la Banca. Que es promotora en muchos casos dada la existencia de grandes holdings inmobiliarios pertenecientes a grupos bancarios, que están detrás y también de forma visible en la realización de transacciones de compra venta de vivienda. Además de la hipoteca, o cualquier otra modalidad de crédito o préstamo bancario al que recurre el adquirente de vivienda. Todo un mercado dejado a la famosa “mano invisible”. Pero, ¿quién se cree qué a un Banco le pueda interesar la construcción de viviendas sociales a precio tasado (regulado)?, en lugar del actual sistema de “libre” mercado. Existiendo una creciente demanda por parte de jubilados europeos que encuentran en el mercado residencial del Estado español ofertas que equivalen a una cuarta parte del precio de la vivienda en su respectiva nación de origen. Toda una bolsa de nuevos clientes con mayor poder adquisitivo y renta per capita que los autóctonos.
Sinceramente, ante el debate abierto sobre si la gestión en materia de urbanismo debe ser trasferida al Estado, mi rechazo es contundente. Al corrupto de mi pueblo lo veo pasear por la calle (por más que me duela), pero al que ejerce la corrupción desde Málaga, Sevilla o Madrid, NI LO HUELO.
